En una actualización de la noticia reportada el pasado 6 de abril, en donde se informó que el exluchador mexicano de WWE y AAA, Alberto del Río, había sido arrestado tras acusaciones de presunta violencia doméstica contra su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero, en su natal San Luis Potosí, se ha podido saber que el luchador permanecerá en la cárcel, a modo de prisión preventiva.
► Alberto del Río seguirá preso por presunta violencia de género

Y es que, según ha trascendido de manera pública, un juez de control de garantías determinó que El Patrón, de nombre real José Alberto Rodríguez Chucuan, deberá permanecer en prisión preventiva luego de que su pareja ratificara la denuncia y dijera que, presuntamente, fue agredida física y verbalmente por parte del luchador.
En la audiencia, la defensa de Del Río solicitó la duplicidad del término después de que se decretó como legal su detención. Por su parte, la Fiscalía General del Estado imputó el delito de violencia familiar.
Alberto del Río se acogió al término constitucional de 72 horas para definir su situación jurídica y solicitó llevar el proceso en libertad, pero el juez negó la petición.
Así las cosas, este próximo sábado 11 de abril se reanudará la audiencia de vinculación a proceso, y allí el juez decidirá si Alberto del Río enfrenta el proceso en prisión o en libertad.

Milenio también da nuevos detalles del caso: Mary Carmen Rodríguez sufrió lesiones en el rostro y brazos, llamó al 911 para solicitar ayuda a la policía, y elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al lugar justo cuando era agredida por Alberto.
Al encontrar a la víctima con signos de violencia, y ratificar allí lo dicho en la llamada, Alberto fue capturado. Sin embargo, se supo que se resistió al arresto, forcejeó con las autoridades e intentó golpear a los elementos de seguridad.
Por ahora, Alberto enfrenta un proceso en donde podría obtener una condena de 1 a 7 años de prisión, si se llegaran a comprobar estas acusaciones. Sin embargo, otros reportes indican que si el caso escala a un delito mayor, podría la Fiscalía solicitar hasta 20 años de cárcel.
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