Cuando hablamos de Janel Grant vs. Vince McMahon, junto al ex mandamás de la WWE entra también la propia compañía y John Laurinaitis. Conviene aclararlo. En una actualización reciente incluso se hablaba de Brock Lesnar. Y dependiendo del caso hay que mencionar también a Linda McMahon.
► Hay novedades
El tema que nos ocupa ahora, la novedad que traemos (de la mano de BJ Betel de Sescoops) tiene relación con el Dr. Carlon Colker y Peak Wellness:
En una nueva presentación ante el Tribunal Superior de Connecticut el viernes, los abogados de Janel Grant afirmaron que el abogado del Dr. Carlon Colker y Peak Wellness admitió que Vince McMahon pagó para que Colker fuera su médico y que Peak Wellness retuvo sus registros médicos.
Las dos afirmaciones formaban parte de la denuncia que Grant presentó el año pasado en un tribunal civil federal contra McMahon, World Wrestling Entertainment y John Laurinaitis. Grant declaró que McMahon la obligó a ver a Colker, fue medicada en contra de su voluntad y no tuvo acceso a sus registros médicos.
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— Carlon Colker (@Carloncolkermd) October 26, 2021
La presentación de Grant fue en respuesta a un documento complementario presentado por los abogados de Colker el miércoles. Colker y Peak Wellness pidieron al Tribunal Superior de Connecticut que desestimara la demanda de descubrimiento de Grant, argumentando que no seguía el estatuto estatal de Connecticut porque Grant tenía la intención de usar la información obtenida en el estado para nombrar a Colker y Peak Wellness como demandados en su caso civil federal.
Colker y Peak Wellness también argumentaron que la demanda de descubrimiento debía ser denegada porque parte de la información obtenida por el abogado de Grant formaba parte de comunicaciones de acuerdo confidenciales.
En el memorando del viernes, los abogados de Grant señalaron que las comunicaciones de acuerdo eran nulas y sin efecto una vez que fueron reveladas por los abogados de Colker y Peak Wellness el miércoles. También discreparon con los abogados de Colker sobre el descubrimiento de pruebas y la ley estatal, afirmando que ningún estatuto estatal en Connecticut impide que la información obtenida en un tribunal estatal se utilice en un caso federal.
